BUENOS AIRES.- La previa electoral no sólo se recalienta por la campaña de quienes aspiran a un cargo, sino también por las dificultades en la Justicia Electoral para organizar los comicios de este año.

La incertidumbre en cuanto a la validez de la investidura de los jueces subrogantes (que en su mayoría son secretarios judiciales o simples abogados matriculados) podría provocar serias consecuencias para la estabilidad y normal desarrollo del proceso comicial que está por comenzar.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se pronuncie” sobre la legalidad o no de que jueces subrogantes actúen en el fuero electoral de seis provincias y establezca “una solución definitiva” a ese problema “de gravedad institucional”.

El tribunal, según un comunicado oficial, alertó que “los cuestionamientos que se han planteado frente a la designación como jueces subrogantes de secretarios judiciales y abogados de la matricula”, en un año plagado de comicios, podrían derivar en “graves consecuencias para la estabilidad y normal desarrollo de los comicios”.

La Cámara hizo hincapié “particularmente” en la situación del nombramiento como magistrado electoral de la provincia de Buenos Aires de Laureano Durán, “a raíz de decisiones dispares de dos salas de la Cámara Federal de La Plata, acerca de la viabilidad de que un secretario se desempeñe como juez”. Cabe recordar que la CNE también objetó al secretario Jorge Di Lorenzo.

Es que el Juzgado Federal Penal con Competencia Electoral de La Plata está a cargo del proceso comicial del distrito más importante del país: La Plata.

Pero la Cámara Electoral añadió que casos similares a ése, aunque “con algunas diferencias”, se registran “en los distritos de Catamarca, Formosa, La Pampa, Misiones y Salta”.

Y avisó que las “controversias” surgidas al respecto “serán dilucidadas en distintas instancias judiciales, cuyo trámite procesal puede insumir meses, dilatando una decisión que proyecta efectos sobre el proceso electoral, afectando los principios de preclusión y estabilidad jurídica”.

Por todo ello, “los camaristas decidieron solicitar al más Alto Tribunal de la Nación que, en uso de sus facultades implícitas derivadas de su condición de cabeza del Poder Judicial, se pronuncie sobre esta particular situación, pues, como se explica, no existe otra vía para darle solución definitiva. Entre los fundamentos de la decisión, se realizan citas legales y doctrinarias sobre el rol de la justicia electoral, que justifican la intervención de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial de la Nación”, enfatizaron.

Reglamento propio

El matutino ‘Clarín’ recordó que Durán y Di Lorenzo habían sido objetados por dirigentes opositores, por no reunir los requisitos necesarios y por haber sido designados a través de un procedimiento irregular por parte del Consejo de la Magistratura (CM). El reclamo hace referencia a que el CM aplicó un propio reglamento de subrogancias pese a los antecedentes de la Corte Suprema contra el nombramiento de funcionarios que no cuentan con el acuerdo del Senado. Se trata del planteo que hizo la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC) para que, por la vía de “superintendencia”, se declarara la inconstitucionalidad de la designación de Durán.

Planteo judicializado

Por ello, el máximo tribunal, que entonces adujo que el reclamo debería ser encaminado a través de un Juzgado de Primera Instancia. Ahora, el pedido de definiciones vino de parte de una Cámara Nacional Electoral.

Con todo, el caso ya está judicializado mediante dos presentaciones de sectores políticos para que Durán sea desplazado del cargo, en el que asumió el 19 de diciembre, menos de 24 horas después de haber sido designado.

Uno de los pedidos de nulidad fue elevado en forma conjunta por referentes bonaerenses del Frente Renovador, la UCR, el PRO, el GEN y el socialismo, y el restante por el diputado ‘massista’ Alberto Asseff -que responde al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. (DyN/lanacion.com.ar/clarin.com)